La nueva ley del sector eléctrico 

La legislación sobre generación, transporte, distribución y comercialización se asentaba sobre la ley 54/1997, posteriormente modificada, y sobre una serie de Reales Decretos que la desarrollaban. Dicha ley ha traido grandes alegrias y decepciones, y es sin duda responsable del notable desarrollo y la gran actividad que ha tenido el negocio eléctrico en España, muy por encima de la media mundial. La ley 24/2013 cambia enormemente el panorama actual, busca defender los intereses de las grandes compañías eléctricas en detrimento del ciudadano y del resto de las empresas (grandes, medianas y pequeñas) y afectará muy negativamente a un sector fuertemente castigado desde la llegada del Partido Popular al gobierno.  

_{Por Santiago García Garrido (  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. )}

_{www.santiagogarciagarrido.com}

La nueva ley cambia algunos conceptos muy importantes sobre los que se asentaba el negocio liberalizado de la generación eléctrica: la percepción de una prima a la generación para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, de residuos y para la cogeneración, sustituyéndolo por otro modelo retributivo. 

Se busca fundamentalmente el equilibrio financiero, haciendo que el estado deje de aportar dinero o más bien 'de apuntar' en su 'debe' el desajuste entre ingresos y gastos del sistema eléctrico, el denominado 'déficit de tarifa'. Culpa al sector de las energías renovables de ese déficit, y por tanto, reduce brúscamente las retribuciones a las plantas que producen energía eléctrica basada renovables, residuos y cogeneración. 

El nuevo sistema retributivo se basa en lo que la propia ley y el RD 413/2014 que lo desarrolla denominan 'rentabilidad razonable', y que relaciona con los intereses de la deuda a 10 años (1,8% en la actualidad) más un diferencial, cifrado en 300 puntos básicos (un 3% adicional). Para el cálculo de la rentabilidad razonable, se fijan unos parámetros de inversión por MW y de costes de explotación en función del tipo de planta, y se detallan más de 1000 tipos de plantas diferentes, en función básicamente de la potencia, la antiguedad de la instalación y la tecnología empleada.

La ley ha causado el cierre de muchas medianas y pequeñas empresas, ha causado el cierre de la actividad relacionada con las renovables en España de todas las grandes empresas no eléctricas dedicadas a este sector, con sus correspondientes despidos y el traslado de la actividad de ingeniería y construcción de plantas por parte de empresas españolas a otros países que buscan su desarrollo eléctrico. Las empresas españolas de ingeniería o proyectos relacionados con renovables que sobreviven a la crisis y al Partido Popular lo hacen gracias a su actividad en el extranjero, que aporta muy poca riqueza a España, por la estrechez de los márgenes de este tipo de proyectos y porque una buena parte de la inversión es local, y el resto, corresponden a equipos no fabricados en España.   

La llegada del Partido Popular al gobierno y los cambios en el ordenamiento jurídico han causado más de 100.000 despidos, según las asociaciones y empresas del sector. Ha provocado el cierre de miles de empresas y, todavía más importante, ha dado al traste con la esperanza de una regulación eficaz y favorable a los intereses generales del autoconsumo y del 'balance neto', que habrían provocado un nuevo desarrollo, una nueva etapa de creación e inversión que un pais económicamente deprimido necesita.  

Las elecciones autonómicas y legislativas del año 2015 en España traen un halo de esperanza, muy pequeño, pero para que se produzca un cambio positivo en el sector eléctrico que apueste decididamente por las renovables, los residuos y la cogeneración y margine los intereses de las grandes eléctricas para beneficiar a usuarios será necesario un cambio de gobierno hacia partidos con más vocación 'renovadora'.